En el ámbito del asesoramiento patrimonial, la seguridad jurídica no es una opción, sino una necesidad fundamental. Sin embargo, la reciente situación legislativa en España respecto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTU) —conocido como Plusvalía Municipal— vuelve a situar a los propietarios en un escenario de incertidumbre que requiere una gestión experta y una toma de decisiones informada.
El contexto legal: La caída del Real Decreto-ley
El intento del Ejecutivo de actualizar los coeficientes máximos del impuesto para el ejercicio 2026 a través de un Real Decreto-ley no ha prosperado al no ser convalidado por el Congreso de los Diputados. Esta falta de acuerdo parlamentario ha provocado que la normativa que pretendía incrementar la carga impositiva haya decaído.
Desde un punto de vista técnico, esto implica que los coeficientes que disparaban la tributación —con subidas proyectadas de hasta el 40% en ciertos periodos de generación— ya no están en vigor. Actualmente, el marco legal se retrotrae a los coeficientes anteriores, ofreciendo una reducción de la carga fiscal respecto a la pretensión inicial del Gobierno.
Análisis de oportunidad: ¿Por qué actuar ahora?
La experiencia nos demuestra que, cuando la administración ve mermada su capacidad recaudatoria por defectos de forma o reveses judiciales, la respuesta suele ser una nueva regulación con efectos inmediatos para recuperar el terreno perdido.
Como Broker y asesor patrimonial, mi análisis es claro:
- Aprovechamiento de la ventana fiscal: Nos encontramos ante un paréntesis legislativo donde el coste fiscal de la transmisión es inferior al proyectado. Dada la volatilidad de los criterios políticos actuales, esperar a una mayor «estabilidad» suele traducirse en un aumento de la presión impositiva.
- Gestión del riesgo: La venta o transmisión en este momento permite operar bajo un marco de costes conocidos, evitando la exposición a la próxima reforma que, previsiblemente, el Ejecutivo tramitará con urgencia.
Derechos del contribuyente: El proceso de reclamación
Aquellos propietarios que hayan liquidado el impuesto entre diciembre de 2025 y finales de enero de 2026 bajo los coeficientes del decreto no convalidado, tienen el derecho legítimo de solicitar la rectificación de su autoliquidación o la devolución de ingresos indebidos.
Mi recomendación profesional es firme: proceder con la reclamación en todos los casos. No se trata únicamente de recuperar una cuantía económica que pertenece al patrimonio del cliente, sino de exigir el cumplimiento estricto de la legalidad vigente frente a una aplicación indebida de la norma.
Compromiso Hernán Bustos – Real Estate Experts
En Hernán Bustos – Real Estate Experts, nuestra responsabilidad como asesores trasciende la intermediación inmobiliaria. Nos centramos en la optimización del activo y en el blindaje jurídico de cada operación. En momentos de desorden legislativo, contar con un acompañamiento técnico que vigile la rentabilidad neta de su transacción es el único camino hacia la tranquilidad financiera.
Si desea analizar el impacto de esta situación en su patrimonio o revisar una liquidación reciente, nuestro equipo está a su disposición para ofrecerle un estudio detallado y riguroso.
Hernán Bustos CEO Hernán Bustos – Real Estate Experts
